Los medios de comunicación durante el gobierno de Alberto Fujimori

Fujimori ordenó a Montesinos compra de “prensa chicha” para la reelección

Diarios también se dedicaron a difamar a políticos y periodistas de la oposición. Por cadaportada de cada diario la mafia pagaba entre US$ 2 mil y 3 mil al día, con fondos delpresupuesto de las Fuerzas Armadas desviados al SIN.

María Elena Hidalgo. 

Vladimiro Montesinos destinó al menos US$ 22 millones para el financiamiento de la “prensa chicha”, con la finalidad de apoyar la campaña reeleccionista de Alberto Fujimori y atacar a la oposición política y periodística, entre 1998 y 2000.

En total fueron enjuiciadas 36 personas y todas fueron condenadas. Del total, 20 cumplieron prisión efectiva debido a la gravedad de los delitos.

Durante las audiencias, Montesinos manifestó que la compra de la “prensa chicha” se pagó con dinero del SIN con la aprobación del ex presidente Fujimori. Dijo así: “El ingeniero Fujimori era consciente de que la prensa escrita, particularmente aquellos diarios que por su bajo precio llegaban a la opinión pública en forma masiva (‘diarios chicha’), producía el efecto de orientar la corriente de opinión.

Es por ello que el ex presidente Fujimori me ordena que se efectúe un estudio de medición pública sobre los grados y niveles de aceptación que tenían los ‘diarios chicha’ (...) con la finalidad de tener un cabal y oportuno conocimiento sobre los medios con los que se tenía que trabajar”, explicó el asesor ante el tribunal.

Sincera confesión
“Dicha investigación la hizo Saúl Mánkevich (Lifschitz) de la empresa Mayéutica, quien identificó a los diarios con los que se tenía que trabajar para orientar a la opinión pública en el sentido deseado. Es decir, levantar la imagen del presidente Fujimori y cuestionar a los candidatos opositores. (...) Fujimori decidió que se debía iniciar contacto con los diarios ‘El Mañanero’, ‘La Chuchi’, ‘Diario Más’, ‘El Chato’, ‘Conclusión’, ‘El Tío’ y ‘La Yuca’”, relató Montesinos, confirmando que fue el propio Alberto Fujimori quien organizó el reclutamiento de la “prensa chicha”.

La operación de copamiento de los diarios populares incluyó la fabricación de otros dos, “Repúdica” y “Repudio”, creados expresamente para desprestigiar a La República, y la compra del diario de oposición “Referéndum” por US$ 30 mil.

Todos estos hechos fueron acreditados mediante el testimonio de los implicados, la confesión de Montesinos y documentos.

“Se pagaba entre 2 mil y 3 mil dólares diarios por cada titular de portada de cada periódico. Fueron entre 900 mil dólares y un millón de soles mensuales lo que se desembolsó en algunos casos”, dijo la procuradora Rocío Armas. Ella se encargó del caso de José Oliveri Agurto, encargado de producir e imprimir el pasquín “La Repúdica”. Oliveri, quien controlaba los periódicos “El Mañanero” y “La Chuchi”, huyó del país y fue extraditado en el 2008. El 22 de abril de 2010 fue condenado a cuatro años de prisión efectiva.

“El proceso de la compra de los ‘diarios chicha’ se dio por orden de Alberto Fuijimori, quien dispuso que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina desviaran de su presupuesto fondos al SIN para financiar el operativo”, señaló el abogado Julio Arbizu Gonzales, quien se encargó de sustentar la acusación de la procuraduría contra los propietarios y directores de los periódicos populares sometidos al SIN: “Lo declaró Montesinos y ha quedado plenamente demostrado”.

“Fue una forma perversa de distorsionar el papel de la prensa. Fujimori no cerró los medios de comunicación pero los compró y los dirigió contra sus enemigos políticos”, manifestó Arbizu.

Según el ex procurador del Caso Fujimori-Montesinos, Antonio Maldonado Paredes, el financiamiento de la “prensa chicha” es uno de los hechos más emblemáticos de lacorrupción que se produjo durante el gobierno de Alberto Fujimori.

“La Procuraduría determinó que con dinero del SIN el régimen dictatorial financió diarios dedicados a atacar o demoler la imagen de políticos de oposición, empresarios disconformes con el gobierno y cualquier persona de influencia en la población que mostrara discrepancia con el gobierno de Fujimori, con la finalidad de que este se perpetuara en el poder”, expresó.chicha’.

Cifras 

22 millones de dólares se destinó al financiamiento de la ‘prensa chicha’.

7 periódicos populares fueron los reclutados por Vladimiro Montesinos.

Análisis. Periodista Mauricio Fernandini sostuvo que en los 90 empezó morbosidad y superficialidad en las noticias y programas.

Iván Vásquez Ponce 

Chiclayo 

Programas de televisión que escarbaban en la miseria humana y noticias que presentaban toda la sangre y sufrimiento que podían, digitados por el gobierno fujimorista, pero que tenían gran acogida o rating en la década del 90, siguen influenciando hasta hoy, con  personajes que no son un buen ejemplo y realities superficiales para los adolescentes.

Esta es una parte del análisis que hizo el periodista y conductor Mauricio Fernandini Arbulú, de la realidad actual que viven los medios de comunicación, especialmente la televisión, y que expuso ayer durante su ponencia en el Primer Encuentro Internacional de Periodismo que se realiza en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (USAT).

“En la época de Fujimori no se podía hacer mucha investigación, porque Montesinos mandaba en todo y decidía qué salía o no. Se recurrió, para entretener a la gente a programas de alta audiencia, pero de contenidos que no dejaban nada bueno para la persona. Y esa mala influencia se aplica hoy con las noticias y con programas donde los malos ejemplos de ciertos personajillos y cosas inventadas se resaltan”, refirió Fernandini.

“Antes de los años 90 había más profesionalismo, seriedad. Los jefes y dueños de medios eran más independientes, con objetivos en bien de los lectores, oyentes o televidentes. Éramos muy escrupulosos, ahora se pone cualquier cosa escandalosa: sangre, dolor o tangas, y ya está el producto”, resaltó el expositor.

HISTORIAS EN RADIO 

Otra de las ponencias fue de la periodista de radio Medalith Rubio, de Radio Programas del Perú (RPP), quien sostuvo que los nuevos periodistas deben buscar nuevas historias interesantes qué contar en la radio, que es el medio que está más cerca de la gente. “Acudamos a la gente, a la calle, donde hay muy buenas historias ocultas que son ejemplo de vida”, agregó.

“El 90 % de peruanos escucha radio y como las noticias son negativas, la gente recurre entonces a escuchar, por ejemplo, música, como una forma de evasión de esos problemas. Entonces hay que replantear ciertos contenidos y hacer mucha radio, por ejemplo de ayuda social, educativa, orientadora, pero de una manera atractiva, interesante”, manifestó Rubio.

Finalmente, otra de las ponencias, esta vez sobre información gráfica o infografía, que estuvo a cargo de la doctora en Comunicación, María José Baselga, de la Universidad  Cardenal Herrera de España, sostiene que los medios impresos deben recurrir más a los infográficos, porque es una forma de servir mejor a nuestros lectores con una información clara y sintetizada.

La visión de los medios desde la ciencia y sociología políticas

Si bien la noción de democracia alude a gobierno del pueblo, las formas de gobierno consideradas  como democracias a lo largo de la historia no han implicado la participación masiva y frecuente de las personas en la toma de decisiones, en los actos de los gobiernos. Como señala Robert Dahl (1999), las formas de gobierno consideradas democráticas se han basado en buena medida en sistemas de representación.

La representación, a través de procesos eleccionarios, ha sido la manera principal mediante la cual los ciudadanos y las ciudadanas han ejercido poder. Sin embargo, en el seno de las sociedades, en parte en el campo de los sistemas de partidos y hoy en día especialmente desde el tramado de organizaciones distintas al Estado, se ha buscado generar formas de participación mucho más directas.

¿Es posible la participación plena de la población? Seguramente será muy difícil que personas participen de manera  activa y permanentemente en las decisiones y actos de gobierno, dada la complejidad y la dimensión de las sociedades. Pero el interés y las experiencias por una participación más activa de los ciudadanos han crecido significativamente en el mundo y en la región. Y los medios de comunicación, especialmente la radio, ofrecen potencialidades para contribuir a fortalecer procesos e instituciones de participación en sistemas representativos, avanzando hacia un balance entre participación y representación respecto al ejercicio del poder. 

ACTUALMENTE

“Deconstruyendo la democracia: Perú bajo el gobierno del presidente Alberto Fujimori”

Coletta Youngers

Al cierre de esta edición se ha hecho público un nuevo e importante informe sobre la situación peruana elaborado por Coletta Youngers de WOLA, prestigiosa organización que influye de modo importante en las decisiones norteamericanas sobre el Perú. Extractos del informe y de las recomendaciones para la política exterior de su país hacia el Perú.

Casi inmediatamente después de haber comenzado su segundo período, el gobierno de Fujimori inició una serie de medidas antidemocráticas, muchas de las cuales violaban la misma Constitución que había preparado. Las garantías institucionales fundamentales que se necesitaban para asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos y de las prácticas democráticas están más lejos que nunca. La crisis inmediata de derechos humanos llegó a su fin, pero lo que ha seguido ha sido la crisis de la democracia que domina la vida política del Perú de hoy.

El Ejecutivo ha puesto igualmente de manera creciente al estamento judicial peruano bajo su control. Aunque las autoridades judiciales peruanas han sido tradicionalmente objeto de manipulaciones políticas, tal situación ha empeorado bajo el actual gobierno. El esfuerzo de reforma judicial iniciado por el Gobierno peruano después del autogolpe parece haber tenido algún resultado en cuanto a la eficiencia y a la reducción de la corrupción. Sin embargo, las reformas son el principal mecanismo por el cual el Ejecutivo ha extendido su influencia sobre el estamento judicial, lo que le ha permitido influir sobre los resultados de casos políticamente delicados y valerse de las cortes como instrumentos para reafirmar su control político. La mayoría de los jueces y fiscales tienen un status de "provisional" en vez de haber sido confirmados de manera permanente en sus cargos. Ésta es otra manera que tiene el Ejecutivo de influir sobre el Judicial. La escasa voluntad política del Gobierno para promover el Estado de derecho quedó demostrada en los hechos con los ataques al Tribunal Constitucional, que ha sido casi desmantelado, y luego con el retiro del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, una afrenta directa a sus obligaciones internacionales.

El desequilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se ha exacerbado aún más debido a la relación entre el presidente Fujimori, el SIN y la alta cúpula militar. El poder del presidente Fujimori depende mucho del poder de penetración e influencia que han ganado estas fuerzas bajo su gobierno y del uso del SIN, en particular, como instrumento de represión. El SIN se ha convertido en buena medida en la policía política del Perú, encargada de sofocar la oposición política, el periodismo independiente y lo que sea percibido como una amenaza para el actual gobierno. Los medios de que se sirve para esto –hostigamientos e intimidaciones, amenazas de muerte, manipulación de casos en la corte y sobornos– se asemejan a las peores actitudes de un gobierno totalitario...

Muchos de los reveses en la construcción de instituciones democráticas en el Perú en los últimos años parecen estar articulados para garantizarle un tercer período al presente gobierno. Las restricciones constitucionales han sido puestas de lado por el Congreso. En ausencia de un Tribunal Constitucional que se encargue de la revisión de las leyes, éstas son implementadas sin control judicial. La influencia del Gobierno en la rama judicial le ha facilitado la capacidad de intervenir en agencias electorales claves. Las autoridades judiciales juegan un papel importante en el nombramiento de altos oficiales para las agencias electorales y en la supervisión del proceso el día de las elecciones. Finalmente, tanto el SIN como las Fuerzas Armadas desempeñan un papel crucial durante la campaña electoral y en el apoyo al Gobierno el día de las elecciones. Vistas en su conjunto, estas acciones sugieren un plan sistemático para allanarle el camino a una victoria del presidente Fujimori en abril del 2000.

La eliminación de los impedimentos legales para presentarse a un tercer período han provocado amplia controversia, y muchos se preguntan si un tercer período es o no constitucional. El artículo 112 de la Constitución peruana de 1993 permite sólo dos períodos consecutivos...

Otros motivos de inquietud tienen que ver con la influencia del Gobierno sobre el aparato electoral, problemas con el padrón de votantes, lo que podría facilitar el fraude, el uso de recursos estatales para propósitos electorales (hasta un punto que ha superado cualquier práctica del pasado), y la falta de acceso de los candidatos de oposición a la televisión de Lima y a otros medios de comu­nicación favorables al Gobierno. Además, toda una campaña de vigilancia, intimidación y hostigamiento a los can­didatos de la oposición, aparentemente orquestada por el SIN, está inclinando aún más el campo de juego a favor del presidente Fujimori. Si esta tendencia continúa, el señor Fujimori va a gozar de ventajas injustas durante la campaña y el día de las elecciones, ventajas que sobrepasan lo normal en cuanto a beneficios presidenciales.

Como resultado, los candidatos de la oposición insisten en que su decisión de participar en el proceso electoral no debe ser vista como una aceptación de que el proceso es justo y legítimo. De manera más general, la fe de los peruanos en el sistema electoral del país se está tambaleando... Cerca de 75% de la población pone en tela de juicio la limpieza del proceso electoral. La falta de confianza pública en el proceso mismo significa que los elegidos carecen a su vez de esta confianza y de legitimidad.

Finalmente, las restricciones a la libertad de prensa distorsionan el proceso electoral y erosionan aún más el desarrollo democrático del Perú... El Gobierno ha desarrollado una variedad de tácticas coercitivas para controlar en todo el país casi todos –a excepción de un pequeño grupo– los medios de comunicación, poniendo de este modo limitaciones a lo que la mayoría de peruanos leen, ven y escuchan por estos medios. La capacidad del Gobierno para ejercer este control sobre la prensa de provincia es más débil, pero, al mismo tiempo, la prensa independiente de fuera de Lima es más vulnerable a las intervenciones, amenazas y ataques.

Durante el segundo período presidencial de Fujimori se ha visto afectada la consolidación de la democracia, y ahora se hace cada vez más difícil caracterizar la actual situación peruana en términos matizados. En muchos sentidos, Perú representa una especie de "autoritarismo híbrido", en el que el Gobierno mantiene todos los símbolos de la democracia, pero neutralizándolos con frecuencia. Los apuntalamientos institucionales de una democracia representativa se restringen de manera creciente. El gobierno de Fujimori ha conseguido poner orden en el corto plazo, pero ha socavado las mismas instituciones que se necesitan para asegurar el orden, la estabilidad y el buen gobierno en el futuro.

Durante los últimos siete años, el Gobierno de los Estados Unidos ha jugado a menudo un papel positivo en la promoción de los derechos humanos y la democracia en el Perú. Los Estados Unidos encabezaron la condena internacional del autogolpe de abril de 1992, y presionaron para que se eligiera un nuevo Congreso a fines de ese mismo año. Mientras que después de las elecciones presidenciales peruanas de 1995 la atención de los encargados de las políticas en Washington se dirigió hacia otras latitudes, el antiguo embajador de Estados Unidos en el Perú, Dennis Jett, expresaba con regularidad y de manera franca sus inquietudes cada vez que se presentaba algún serio contratiempo para las instituciones democráticas o cuando se aprobaban leyes inconstitucionales. Sin embargo, el impacto de la posición pública de los Estados Unidos sobre temas de democracia y derechos humanos en el Perú fue opacado por la falta de una atención constante de Washington y el deseo de evitar conflictos con el Perú, debido a las otras crisis existentes en la Región Andina. Además, sus esfuerzos de promover la democracia se han visto afectados por una posición cada vez más pragmática con respecto al Gobierno de Fujimori, en la medida en que Washington persiste en continuar sus políticas económicas y antinarcóticas. El apoyo estadounidense a los objetivos antinarcóticos del SIN es el ejemplo más visible de cómo lo que se muestra como una política pragmática en un área puede perjudicar los objetivos estadounidenses en otra.

El gobierno estadounidense y otros gobiernos deberían usar su influencia para ayudar al Perú a volver por los caminos de la democracia... Si la comunidad internacional se descuida, la influencia de Fujimori podría extenderse al querer otros emular esta combinación de tácticas de hombre fuerte y sentimientos populistas.

Las principales recomendaciones para la política estadounidense son:

1. Los funcionarios del gobierno estadounidense, y particularmente el nuevo embajador de los Estados Unidos en el Perú, deben continuar expresándose de manera franca y regular sobre los problemas de derechos humanos y de la democracia en el Perú. Esto debe hacerse a través de declaraciones públicas, comunicados de prensa y otro tipo de anuncios oficiales, y contar con el apoyo de los encargados de los intereses económicos de los Estados Unidos en el Perú, tales como el enviado especial estadounidense para las Américas, Kenneth McKay.

2. Debería incrementarse la ayuda estadounidense canalizada a través de USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional) para programas que promueven los derechos humanos y la democracia, y para las iniciativas, en general, de la sociedad civil. USAID debe continuar con su actual programa que le da prioridad al aspecto de la construcción de la democracia en el Perú, y debe presentarlo como modelo para programas en otros países de la región.

3. Los funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos deberían manifestarse más enérgicamente sobre los defectos del sistema electoral y de las instituciones responsables de la supervisión del proceso electoral. Aunque ya es demasiado tarde para pretender cambiar las regulaciones electorales, el gobierno estadounidense debería, al menos, fomentar lo siguiente: que todos los candidatos presidenciales tengan acceso libre y garantizado a la radio y televisión; que se ponga fin a cualquier forma de hostigamiento e intimidación hacia los candidatos políticos de la oposición y sus seguidores; que se establezcan guías claras que prohíban el uso de recursos del Estado con fines electorales, así como la participación de funcionarios públicos en campañas; que se suspendan las campañas –financiadas por el Estado– en los medios de comunicación a favor de la reelección del Presidente; que se mejore de manera significativa la precisión en el padrón electoral; que se garantice que todos los personeros y observadores acreditados reciban una copia de la cuenta de votos a pedido suyo, y que se les permita realizar sus funciones sin interferencia el día de las elecciones; que haya una supervisión independiente del conteo de votos tanto para los candidatos presidenciales como para los candidatos al Congreso.

4. Debe descontinuarse todo el apoyo estadounidense al SIN. La ayuda antinarcótica debe canalizarse a través de las agencias de policía civil. Los funcionarios estadounidenses deberían evitar actos o declaraciones que puedan interpretarse como un apoyo a las actividades del SIN. Los funcionarios estadounidenses deberían apoyar públicamente las investigaciones sobre corrupción y abusos contra los derechos humanos cometidos presumiblemente por el SIN u otras agencias militares o de inteligencia.

5. Debe continuar la prohibición informal de asistencia económica estadounidense al Ejército peruano. Debe monitorearse muy estrechamente la ayuda otorgada a la Marina peruana para asegurarse de que ésta se acoge a los requisitos establecidos en la Enmienda Leahy. De acuerdo con esta Enmienda, a los Estados Unidos se les prohíbe dar ayuda a cualquier unidad de fuerzas de seguridad extranjera cuando existe evidencia verosímil de que miembros de dicha unidad han cometido violaciones de los derechos humanos, y que aún no se han tomado medidas para castigar a los culpables.